Este crucial momento histórico coloca al gobierno de Puerto Rico en la privilegiada posición de actuar con la diligencia y firmeza necesarias para llevar a cabo una verdadera transformación del sistema energético. De lo contrario, la isla se arriesga a perder fondos federales ya desembolsados para la modernización de la infraestructura.

La responsabilidad primaria de proveer el ecosistema de apoyo a los procesos de revitalización es del gobierno puertorriqueño. Es insólito que la burocracia gubernamental siga imponiendo su lentitud al proceso de aprobación de muchos de los permisos para los proyectos de modernización, mediante los cuales la empresa LUMA Energy se propone rescatar la infraestructura eléctrica del abandono y de la obsolescencia.

Pretender la ejecución de los planes de recuperación con las manos atadas y con dificultad de emprender iniciativas esenciales para la reconstrucción, da cuenta del inmovilismo gubernamental que por décadas ha caracterizado las políticas y las operaciones energéticas. Son harto conocidos los resultados desastrosos que siguen erosionando el desarrollo del país.

El gobierno tampoco ha otorgado el contrato a la entidad privada que se haría cargo de la generación de la electricidad. La privatización es un paso claramente necesario para inyectar agilidad y eficiencia al sistema, y crear las condiciones para la reducción del precio del combustible, y su consecuente reflejo en la factura de los abonados.

No puede ser opción seguir a la merced de los procesos anacrónicos de la Autoridad de Energía Eléctrica para la compra de combustible. El gobierno está llamado a aclarar cuál es la función de la AEE en el proceso de licitación relativo a la generación. Es improcedente que la quebrada corporación pública siga aferrada, a través de su anquilosada burocracia, a un poder que no debe corresponderle en el proceso de negociación para la generación de energía. Si alguna, su intervención debería ser mínima.

Al margen de las fluctuaciones de los mercados internacionales de combustible, el alto costo de la electricidad en la isla está también vinculado a la administración inadecuada, a la burocracia y a compromisos costosos que incluyen el pago de las pensiones de los jubilados. El pueblo de Puerto Rico sigue sosteniendo una estructura inestable que sirve principalmente a una porción reducida de la población.

De importancia vital también es reestructurar la deuda de la AEE para evitarle al pueblo de Puerto Rico otra causa de inestabilidad y desconfianza en la gestión gubernamental.

Por lo pronto, Puerto Rico debe dirigirse hacia una evolución realista en la generación de energía. Expertos que han estudiado sistemas energéticos de otros países, como Alemania, favorecen la diversificación de las fuentes energéticas como modelo realista para la producción de electricidad. No se sabe de país que haya podido generar toda la energía suficiente, confiable y económica que necesita, únicamente con viento y sol. La ecuación realista debe contemplar una combinación de fuentes energéticas que, además de las renovables, incluya el gas natural en la transición hacia la generación de electricidad más limpia, barata y sostenible.

Es importante que el gobierno de Puerto Rico, incluido el ente regulador del sistema energético, revisen, con filtro de razonabilidad y realismo, las metas, los procesos y la combinación de fuentes de energía que harán verdaderamente posible la transformación del andamiaje eléctrico.

El gobierno de Puerto Rico debe tener muy presente que las autoridades en Washington observan con detenimiento la manera en que la isla administra los fondos para la reconstrucción del sistema energético, $1,500 millones de los cuales la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA) ya desembolsó.

Es preciso cerrar toda avenida de negligencia o laxitud que facilite que un cambio político en el gobierno federal prive al pueblo de Puerto Rico, como ocurrió tras el azote del huracán María, de la reconstrucción y modernización de infraestructura con los fondos que justamente han sido asignados.

Corresponde al gobierno puertorriqueño asumir el timón para el necesitado cambio energético. Que no sea la burocracia el peor enemigo de Puerto Rico.

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